Daños por errores de diagnóstico

Un diagnóstico equivocado o tardío puede causar un daño grave, pero no constituye por sí solo una negligencia médica. Para valorar una reclamación hay que reconstruir qué información estaba disponible en cada momento, qué actuación exigía la lex artis y si una conducta correcta habría evitado el daño o mejorado de forma relevante las opciones del paciente.

Cuándo puede existir una negligencia diagnóstica

La medicina no garantiza siempre un diagnóstico inmediato. La responsabilidad puede surgir cuando, atendidos los síntomas, la exploración, los antecedentes y la evolución, se omite una hipótesis razonable, no se solicitan pruebas indicadas, se interpretan de forma inadecuada resultados relevantes o no se organiza el seguimiento necesario.

El diagnóstico diferencial consiste en considerar las causas plausibles del cuadro y descartarlas de forma proporcionada. No obliga a practicar todas las pruebas posibles: exige elegir las razonablemente indicadas según el riesgo, la urgencia y la información clínica disponible.

Error, retraso y relación causal

Para valorar jurídicamente un error o retraso diagnóstico deben analizarse la actuación asistencial, el daño y su relación causal. Hay que reconstruir qué habría ocurrido razonablemente con una actuación adecuada: si el tratamiento habría sido distinto, si el pronóstico podía mejorar o si el daño ya era inevitable por la enfermedad de base.

La causalidad directa se plantea cuando la prueba permite atribuir el daño a la actuación incorrecta con un grado suficiente de certeza jurídica, que no equivale a exigir certeza científica absoluta. Cuando ese vínculo completo no puede establecerse, todavía debe examinarse si el paciente fue privado de una posibilidad real y relevante de evitar el daño, reducirlo o acceder antes a un tratamiento potencialmente más favorable.

La infracción de la lex artis es central cuando la reclamación se basa en una prestación sanitaria incorrecta. Sin embargo, no debe formularse como un presupuesto universal y automático de toda pérdida de oportunidad: esta doctrina tiene un ámbito causal específico, referido a la incertidumbre sobre el resultado que habría producido la alternativa asistencial no recibida. Tampoco convierte cualquier evolución desfavorable o cualquier duda clínica en un daño indemnizable.

Pérdida de oportunidad: cómo se valora en la práctica

La pérdida de oportunidad puede plantearse cuando no es posible afirmar con suficiente solidez que un diagnóstico realizado a tiempo habría evitado el daño, pero sí puede acreditarse que el retraso privó al paciente de una posibilidad real y relevante de obtener un resultado mejor.

En los retrasos diagnósticos de cáncer puede ser especialmente importante comparar el pronóstico que razonablemente tenía el paciente en el momento en que la enfermedad debió ser diagnosticada con el pronóstico existente cuando finalmente se alcanzó el diagnóstico. Puede ser necesario analizar qué probabilidades de supervivencia, curación, control de la enfermedad o respuesta al tratamiento existían en cada uno de esos momentos, así como la posibilidad de acceder a un tratamiento con finalidad curativa o de conseguir una evolución más favorable.

No debe utilizarse únicamente una estadística general. La valoración debe individualizarse atendiendo, entre otros factores, al tipo de tumor, su estadio, sus características biológicas, la edad y situación clínica del paciente, los tratamientos disponibles y la evolución previsible. La esperanza de vida y la probabilidad de supervivencia no son necesariamente conceptos equivalentes; debe emplearse en cada caso el parámetro que resulte científicamente adecuado.

Cuando se comparan datos pronósticos de distintos momentos, deben referirse a parámetros clínicamente comparables —por ejemplo, el mismo tipo de supervivencia y horizonte temporal— y valorarse a la luz de las características concretas del paciente y de los tratamientos disponibles en cada momento.

¿Cómo influye la pérdida de oportunidad en la indemnización?

Cuando verdaderamente se aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad, la indemnización no se calcula necesariamente como si la actuación médica hubiera causado con suficiente solidez la totalidad del daño final.

En un supuesto de fallecimiento puede tomarse como referencia la indemnización correspondiente al daño por muerte y valorar qué parte de ese resultado puede relacionarse jurídicamente con la oportunidad realmente perdida. Una forma de aproximarse al problema consiste en comparar las probabilidades razonables de un mejor resultado existentes en el momento en que el diagnóstico debió realizarse y en el momento en que finalmente se realizó. La diferencia entre ambas puede ser un elemento relevante para determinar la entidad de la oportunidad perdida.

No existe, sin embargo, una fórmula matemática obligatoria que permita aplicar automáticamente ese porcentaje a la indemnización. La valoración debe ser individualizada y razonada. La indemnización por fallecimiento puede servir de referencia y la magnitud de la oportunidad perdida puede modular la reparación, pero la decisión no consiste necesariamente en una regla de tres.

Ejemplo orientativo

Supongamos, únicamente a efectos explicativos, que un determinado cáncer presentaba unas posibilidades razonables de supervivencia del 70 % cuando debió diagnosticarse y que, cuando finalmente fue detectado después del retraso, esas posibilidades se habían reducido al 20 %.

La pérdida sufrida no puede analizarse simplemente diciendo que el paciente finalmente falleció y que, por tanto, toda la muerte es necesariamente imputable al retraso. Tampoco existe una regla que obligue automáticamente a aplicar un 50 % a la indemnización.

La diferencia entre ambas probabilidades constituye, sin embargo, un dato relevante para valorar la magnitud de la oportunidad de supervivencia o mejor evolución que pudo perderse como consecuencia del retraso. La valoración definitiva debe apoyarse en la prueba médica y en las circunstancias individuales del paciente.

Oportunidad destruida y probabilidad de evitar el daño

Debe distinguirse entre el porcentaje de la oportunidad que desapareció y la probabilidad absoluta de que una actuación correcta hubiera evitado el resultado. Destruir el 100 % de una oportunidad no significa necesariamente haber causado jurídicamente el 100 % del daño final.

Por ejemplo, si antes del retraso existía una probabilidad del 25 % de evitar el fallecimiento y después quedó en el 0 %, habría desaparecido toda aquella oportunidad. Pero también existía una probabilidad importante de que el desenlace se produjera incluso con una actuación correcta. Por eso no puede concluirse automáticamente que corresponda el 100 % de la indemnización por fallecimiento. Esta distinción resulta especialmente importante en oncología.

Cuando la prueba permite establecer con suficiente solidez que el retraso diagnóstico fue causalmente determinante del fallecimiento o del agravamiento producido, no debería recurrirse artificialmente a la pérdida de oportunidad para reducir la reparación. En ese supuesto debe analizarse la responsabilidad conforme a las reglas ordinarias de causalidad.

Qué debe analizarse

• Motivo de consulta, antecedentes y signos de alarma.
• Exploraciones, pruebas solicitadas y resultados disponibles.
• Hipótesis diagnósticas contempladas y descartadas.
• Información facilitada, instrucciones de vigilancia y seguimiento.
• Evolución clínica y momento en que se alcanzó el diagnóstico correcto.
• Tratamientos posibles en cada momento y efecto razonable de la demora.

Cómo se acredita

La reclamación exige comparar la asistencia prestada con la práctica razonablemente exigible en las circunstancias reales del caso. La historia clínica completa y una cronología rigurosa permiten determinar qué síntomas y resultados estaban disponibles, qué hipótesis diagnósticas debieron considerarse, qué pruebas estaban indicadas y en qué momento podía haberse alcanzado razonablemente el diagnóstico.

El análisis debe explicar también qué tratamiento habría estado disponible en ese momento, cómo podía influir en la evolución y si existe causalidad directa o, en su defecto, una oportunidad real y relevante perdida. El dictamen pericial suele ser esencial para responder a estas cuestiones sin confundir un mal resultado con negligencia.

Documentación importante

Conviene solicitar la historia clínica íntegra: informes de urgencias y consultas, pruebas de imagen y sus archivos, analíticas, anatomía patológica, hojas de evolución, tratamientos, derivaciones, altas e instrucciones de seguimiento. También son útiles los documentos de incapacidad, gastos y evolución posterior. Una cronología preparada por el paciente ayuda, pero no sustituye los registros clínicos.

El papel del perito

El informe pericial médico suele ser una pieza esencial, aunque su necesidad procesal concreta depende de la vía y de las circunstancias del asunto. El perito debe actuar en su especialidad o acreditar competencia adecuada para el problema discutido.

Su análisis debe abordar la información disponible en cada momento, el diagnóstico diferencial, las pruebas indicadas, el momento en que el diagnóstico podía haberse alcanzado razonablemente, las alternativas terapéuticas y su posible influencia en la evolución. También debe diferenciar entre causalidad directa, pérdida de oportunidad y daño atribuible exclusivamente a la enfermedad de base. En asuntos complejos pueden ser necesarias varias especialidades.

Cómo se reclama: sanidad pública y privada

En la sanidad pública suele plantearse una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración sanitaria. En la privada puede existir acción frente al profesional, centro o aseguradora según la relación asistencial y contractual. Los plazos y la vía aplicable dependen del caso; por eso conviene revisarlos pronto y no asumir que son idénticos.

Caso real relacionado

Puede consultarse nuestro caso de error diagnóstico y pérdida de oportunidad en un paciente menor de edad. El resultado de un asunto concreto no permite anticipar el de otro.

Primera valoración

Podemos estudiar la documentación y valorar inicialmente la viabilidad del caso, incluida la vía adecuada y la necesidad de informe pericial. Solicite una primera consulta o utilice la página de contacto.

Fuentes y normativa

• Ley 41/2002, de autonomía del paciente.
• CGPJ: responsabilidad patrimonial sanitaria y pérdida de oportunidad.

Jurisprudencia sobre causalidad y pérdida de oportunidad

La Sentencia del Tribunal Supremo 1177/2016, Sala Tercera, Sección Cuarta, de 25 de mayo de 2016 (recurso de casación 2396/2014; ROJ STS 2289/2016; ECLI:ES:TS:2016:2289) examinó un supuesto de responsabilidad patrimonial sanitaria y pérdida de oportunidad. La resolución atiende a la incertidumbre sobre si la actuación omitida habría evitado o minorado el daño y exige ponderar tanto la probabilidad del efecto beneficioso como su alcance. No establece un porcentaje automático aplicable a otros casos.

La Sentencia del Tribunal Supremo 462/2018, Sala Tercera, Sección Quinta, de 20 de marzo de 2018 (recurso de casación 2820/2016; ROJ STS 1096/2018; ECLI:ES:TS:2018:1096) delimita el ámbito de la infracción de la lex artis y el de la pérdida de oportunidad. Esta última se proyecta sobre la incertidumbre acerca del resultado que habría producido la asistencia dejada de prestar en la forma o el momento adecuados. La sentencia confirma que la indemnización debe responder a la oportunidad efectivamente perdida y que su cuantificación exige ponderar las circunstancias del caso, no aplicar una regla porcentual automática.

Estas resoluciones obligan a evitar dos simplificaciones: presumir la causalidad completa por la sola constatación de una actuación discutible o utilizar la pérdida de oportunidad para reducir mecánicamente la reparación. La calificación depende de la prueba, de la alternativa asistencial concreta y de la posibilidad real que se perdió.

• Texto oficial: STS 1177/2016, de 25 de mayo.
• STS 462/2018, de 20 de marzo (recurso 2820/2016; ROJ STS 1096/2018; ECLI:ES:TS:2018:1096).